Los frikis

El pasado mes de enero estalló en el mundo árabe una cadena de revueltas que en cuestión de días se ha extendido por varios países como si de un efecto contagio se tratrase y a día de hoy sus efectos ya empiezan a verse reflejados en occidente. Muchos, han criticado la actuación de la Unión Europea o, mejor dicho, la no actuación de la misma y han cuestionado la indecisión del Ministerio de Asuntos Exteriores español a la hora de abordar semejante conflicto que parecía tan lejano pero que ahora sus secuelas rozan ya nuestras fronteras convertidas en paquetes de medidas disfrazadas de anti crisis.

“Vamos a reducir la velocidad máxima de 120km/h a 110km/h para ahorrar petróleo” con estas palabras anunciaba el pasado viernes tras un Consejo de Ministros el vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, un nuevo paquete de cuatro mediadas energéticas que el ejecutivo añadirá a su larga lista de propuestas. Todo ello a pesar de que comenzara su intervención con una importante aclaración, “no veo problemas en el horizonte para nuestro suministro energético, ni de pretróleo ni de gas”.

Al parecer, según estimaciones del gobierno, esta iniciativa reducirá entre un 11 y un 15% el consumo de carburante. Sin embargo, la realidad es que cada persona cada vez que pasa por una gasolinera abona además del coste del producto unos impuestos que repercuten directamente en las arcas del Estado. Ahora, es este quien decide que un ciudadano ahorre en gasolina para ahorrarse así las buenas gestiones y los trámites negociadores con los países exportadores de petróleo que hoy atraviesan situaciones difíciles.

Con datos sobre la mesa y según han estimado algunos expertos, esta ley podría suponer hasta un millón de multas por exceso de velocidad con una sanción mínima de 100 euros que podrían traducirse en 21 millones de euros de ingresos extra. Ante la buena gestión, se establecen prohibiciones y recortes a la ciudadanía y detrás de una medida de ahorro, imposiciones restrictivas con un afán recaudatorio para las vacías arcas del Estado.

Así nos sorprende de nuevo un gobierno que, incapaz de aportar soluciones, se ve obligado a imponer sanciones. Un gobierno superado por la crisis que ya no admite crítica alguna y se agarra a lo que en un pasado hicieron otros países.

Y así econtramos un país con unas nuevas medias energéticas tardías que lejos de beneficiar a los ciudadanos, supondrán además de un gasto un verdadero incordio. Frente a este panorama quien no apoye al ejecutivo, tendrá que guardar silencio porque de lo contrario será acusado de tener “intenciones ocultas” y correrá el riesgo de ser calificado de “friki”, “irresponsable” o “anarcoide” por el señor Ministro de Fomento.